Fernández, el desmemoriado
"La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires expresa su categórico rechazo al traspaso de la Justicia Nacional y la Policía Federal al ámbito porteño, por parte del Estado Nacional, sin su correlativa asignación presupuestaria.
Del mismo modo, insta al Poder Ejecutivo de la Ciudad a que arbitre los mecanismos necesarios para garantizar que el traspaso aludido se efectivice a la brevedad, acompañado de las partidas pertinentes.
Señor Presidente: El postergado traspaso, por parte del Estado Nacional, de la Justicia Nacional y la Policía Federal al ámbito porteño, parece haber cobrado, en los últimos días, una singular premura por parte de aquel y de los Estados Provinciales. Ello sólo se entiende cuando se advierte la velada intención de transferir los servicios sin los correspondientes recursos, significando en consecuencia un ahorro para la Nación -en desmedro de la Ciudad- de alrededor de $800.000.000, con la natural contrapartida que ello implicaría para ésta.
Evidentemente, no se trata de cumplir con mandatos constitucionales y legales, sino simplemente de obtener un rédito económico para la Nación -acordado sugestivamente con las provincias- perjudicando con claridad a uno de los pocos presupuestos ordenados de la República.
Debe tenerse muy presente como la cifra indicada influye en el presupuesto general de la Ciudad y correlativamente como ello afectará la calidad de vida de sus habitantes. De no incrementarse la presión impositiva en la jurisdicción que pruduce casi un tercio del PBI nacional a efectos de satisfacer esos servicios esenciales, se deberían cercenar los gastos de otras áreas tan vitales como salud o educación, por ejemplo.
Permitirlo sería, ni más ni menos, burlar el mandato que nos fuera conferido por nuestros representados pues serían ellos, justamente, los que, de un modo u otro, pagarían las consecuencias del desatino que se pretende cometer".
Del mismo modo, insta al Poder Ejecutivo de la Ciudad a que arbitre los mecanismos necesarios para garantizar que el traspaso aludido se efectivice a la brevedad, acompañado de las partidas pertinentes.
Señor Presidente: El postergado traspaso, por parte del Estado Nacional, de la Justicia Nacional y la Policía Federal al ámbito porteño, parece haber cobrado, en los últimos días, una singular premura por parte de aquel y de los Estados Provinciales. Ello sólo se entiende cuando se advierte la velada intención de transferir los servicios sin los correspondientes recursos, significando en consecuencia un ahorro para la Nación -en desmedro de la Ciudad- de alrededor de $800.000.000, con la natural contrapartida que ello implicaría para ésta.
Evidentemente, no se trata de cumplir con mandatos constitucionales y legales, sino simplemente de obtener un rédito económico para la Nación -acordado sugestivamente con las provincias- perjudicando con claridad a uno de los pocos presupuestos ordenados de la República.
Debe tenerse muy presente como la cifra indicada influye en el presupuesto general de la Ciudad y correlativamente como ello afectará la calidad de vida de sus habitantes. De no incrementarse la presión impositiva en la jurisdicción que pruduce casi un tercio del PBI nacional a efectos de satisfacer esos servicios esenciales, se deberían cercenar los gastos de otras áreas tan vitales como salud o educación, por ejemplo.
Permitirlo sería, ni más ni menos, burlar el mandato que nos fuera conferido por nuestros representados pues serían ellos, justamente, los que, de un modo u otro, pagarían las consecuencias del desatino que se pretende cometer".
Quien dijo ésto fue legislador porteño por el cavallismo en el año 2001 y presentó un proyecto que hoy se trata de desempolvar. Cuando renunció a la banca -porque asumió otras responsabilidades- asumió en su lugar la recalcitrante procesista Elena Cruz. Sí, un actual funcionario del gobierno de Kirchner fue legislador por la lista de Domingo Cavallo y le cedió su lugar a una fervorosa defensora de Jorge Videla. Parece que Alberto Fernández perdió la memoria.
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